Aloeboetoe y otros vs. Surinam
 
   
Este fallo reconoció el derecho colectivo de las comunidades indígenas a ser indemnizados como grupo, sentando precedente de indemnización a dependientes colectivos en lugar de dependientes individuales.
En 1987, veinte hombres de la etnia Saramaka fueron interceptados por grupos militares, y detenidos bajo sospecha de pertenecer a un comando subversivo. Al ser informados de que eran civiles, los militares liberaron a 13 hombres, pero mantuvieron detenido a otros siete, entre ellos un menor de 15 años de edad. Todos ellos fueron torturados durante un viaje que culminó en un sitio donde se les obligó a cavar la tierra. Uno de ellos logró escapar, gravemente herido, pero los otros seis fueron asesinados: Daison Aloeboetoe, Dedemanu Aloeboetoe, Mikuwendje Aloeboetoe, John Amoida, Martin Indisie Banai y Beri Tiopo. Todos ellos vivían en Gujaba. El único sobreviviente fue encontrado por miembros de su comunidad que salieron a la búsqueda de los siete detenidos.
En 1990, la Comisión Interamericana de Derechos humanos presentó la demanda responsabilizando al Estado de Surinam como responsable de los asesinatos. En 1991, el Estado de Surinam reconoció su responsabilidad, por lo cual se prosiguió a negociar las reparaciones o indemnizaciones. La Comisión planteó el derecho a la indemnización de dependientes no tradicionales, ya que consideró que no sólo los hijos, sino todo el grupo fue perjudicado, dado que los Maroon tienen familias ampliadas. El Estado lo consideró exagerado.
En 1993, la CIDH decidió que el Estado de Surinam debía pagar a la comunidad Aloeboetoe un total de US$453.102, y con carácter de reparación, reabrir la escuela situada en Gujaba y dotarla de personal docente y administrativo para que funcione permanentemente a partir de 1994 y poner en operación en el curso de ese año el dispensario de salud existente en ese lugar.
En 1997, la CIDH dictaminó que el Estado de Surinam dio cumplimiento satisfactorio a la Sentencia y, en consecuencia, dio por terminado dicho caso.

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Sentencia de la CIDH.