Con respecto a la gobernanza, de acuerdo a la Constitución del Ecuador (2008), las nacionalidades indígenas tienen derecho a:

Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral (Art. 57, numeral 9).

• Construir organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa, formas de organización que serán reconocidas y promovidas por el Estado (Art. 57, numeral 15).

• A participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado (Art. 57, numeral 16).

Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales (Art. 238).

Con respecto a la Justicia indígena, las nacionalidades indígenas tienen derecho a crear y aplicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales (Art. 57, numeral 10).

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

De esta manera se otorga autonomía política-administrativa y jurídica a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, tanto para el manejo de sus asuntos internos como para las relaciones con organismos públicos y privados (Art. 171).

Las Nacionalidades Indígenas tienen un concepto amplio de autonomía. Como lo expresan los Shuar:

“Entendemos por Autonomía la potestad que tiene un pueblo
para asumir la conducción de su propio destino,
basado en un territorio con sus propias formas y políticas de organización social, económica, cultural, ambiental, tecnológico y recursos humanos,
para lograr la vigencia del sumak causay (vida límpida y abundante);
el sumak allpa (tierra y ambiente sano y productivo)
y sumak yachay (acceso al conocimiento por todos)”.

Propuesta de Circunscripciones Territoriales Shuar (CTSH) (2003)

Foto: Proceso de Lucha de las Nacionalidades del Ecuador