La madera es un recurso tradicionalmente explotado en los bosques de todo el mundo. A lo largo de siglos, los Pueblos Indígenas han desarrollado sus formas de “gestión” de los bosques, sustentables y resultantes en la conservación de la biodiversidad. En este sentido, han cumplido y cumplen un rol fundamental en la protección de la selva, y la mitigación del cambio climático.
Las empresas suelen aprovechar sólo las especies con valor comercial, como el cedro y la caoba, sin respetar los tamaños mínimos de corta normatizados, en lo que se conoce como el “descreme” del bosque o silvicultura “minera”, que degrada y empobrece el ecosistema.
Fotografía: Chris Van Dam. Iniciativa Territorio Indígena y Gobernanza.
Esta forma insostenible de manejo las lleva a avanzar permanentemente sobre nuevas áreas, e inevitablemente sobre los territorios indígenas, que en algunos lugares son los únicos que aún tienen bosques bien conservados. Existen muchas denuncias de empresas que entran ilegalmente en tierras y comunidades indígenas, o hacen convenios y contratos lesivos a sus intereses, o corrompen funcionarios de gobierno que terminan otorgándoles concesiones madereras o permisos de extracción en territorios tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas. Un ejemplo es el de la empresa Endesa-Botrosa en Ecuador, que en 1998 obtuvo a través del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, la concesión de 3.123 hectáreas del bosque «El Pambilar» en la provincia de Esmeraldas. En el 2000, el Ministerio del Ambiente confirmó que el 90% de esas tierras eran Patrimonio Forestal del Estado y habían sido adjudicadas ilegalmente. Sin embargo, la empresa continuó desplazando a comunidades campesinas, indígenas y afroecuatorianas para talar los árboles. Su accionar culminó con el secuestro de José Aguilar en Octubre de 2010, para obtener su firma cediendo sus tierras a la empresa. Luego de denunciar públicamente su secuestro, José Aguilar y su esposa fueron hallados muertos; acto que desató una masiva protesta social, ante la cual, El Pambilar fue declarado como Área Protegida en Marzo de 2010.
También son frecuentes los intentos de algunas empresas por cooptar a dirigentes indígenas, lo cual incrementa los conflictos al interior de las comunidades y organizaciones; e incluso de engañar a las autoridades tradicionales para obtener permisos de explotación forestal. Un caso recientemente denunciado es el de la empresa Forestal Amazonas en Iquitos (Perú), que falsamente, ofrecía a los Apus (autoridades tradicionales indígenas) del Alto Napo, la renovación u obtención de Títulos de propiedad de sus tierras, a cambio de la concesión de los recursos maderables. Bajo esas falsas promesas, algunos Apus eran trasladados hasta la Ciudad de Iquitos para firmar documentos de concesión de sus recursos forestales. Este caso fue denunciado en Mayo de 2011 por la Organización ORKIWAN, integrada por 30 comunidades de la zona.
Esto sucede en un marco en el que, a pesar de las normativas que promueven un Manejo y Aprovechamiento responsable del bosque, los Estados tienen una baja capacidad para verificar el cumplimiento de estos planes, especialmente en zonas aisladas y de difícil acceso.
