La Constitución Nicaragüense de 1987, fundamenta el Régimen de Autonomía en diferentes artículos. El Estado reconoce a los pueblos indígenas y afrodescendientes, los derechos a:

• mantener y desarrollar su identidad y cultura, para lo cual el Estado deberá garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres;
• sus propias formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales,
• a administrar sus asuntos locales
• a la libre elección de sus autoridades y representantes (Art. 5 y 180).

Específicamente para las Comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Atlántica establece un Régimen de Autonomía particular (Art. 5 y 181), reglamentado mediante Ley 28 de 1987, que establece el Estatuto de Autonomía de las Comunidades de la Costa Atlántica.

Ley 28: Estatuto de Autonomía de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua

La Ley reglamenta el Régimen de Autonomía de las Regiones en donde habitan las Comunidades de la Costa Atlántica (Art. 4), estableciendo dos regiones en el Departamento de Zelaya: la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) con sede administrativa en la ciudad de Puerto Cabezas; y la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) con sede administrativa en la ciudad de Bluefields (Art. 6).

Cada Región tendrá personería jurídica de Derecho Publico (Art. 8), y se dividirá administrativamente en municipios, conforme a sus tradiciones comunales, y organizados en un Consejo Regional (Art. 7) que tendrá las siguientes atribuciones:

• Participar en la elaboración y ejecución de planes y programas de desarrollo en su región, e impulsar proyectos económicos, sociales y culturales propios.
• Administrar programas de salud, educación, cultura, abastecimiento, transporte, servicios comunales, y otros, en coordinación con los Ministerios de Estado correspondientes.
• Promover el racional uso, goce y disfrute de las aguas, bosques, tierras comunales y la defensa de su sistema ecológico.
• Promover las culturas tradicionales.
• Promover la articulación del mercado intrarregional e interregional.
• Establecer impuestos regionales conforme las leyes que rigen la materia (Art. 8).

El Estatuto expresa que los habitantes de las Comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios valores, y a elegir y ser elegidos autoridades propias de las Regiones Autónomas (Art. 11). Establece además que los Consejos son “la autoridad máxima”, mientras que las autoridades municipales y comunales forman parte de la administración regional.

Para garantizar la participación democrática de todas las etnias de cada región, la ley obliga a que en los consejos regionales y en su respectiva junta directiva, estén representadas todas las comunidades étnicas.
La Ley 28 se centra en el concepto de Autonomía Regional. Pero posteriormente, surge un proceso de reivindicación de la Autonomía Indígena, que se ve plasmado en la Ley 445 del año 2003.

Ley 445: Régimen de Propiedad Comunal de las Tierras de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Coco, Bocay Indio y Maíz

«En la constitución hay dos tipos de autonomía: la indígena y la regional, y no es hasta la Ley 445 que se da a los pueblos indígenas su derecho sobre sus tierras comunales no necesariamente dependientes de la región, sino de los mismos pueblos indígenas. Ahora con esta ley tienen la posibilidad demarcar sus tierras y el reconocimiento de sus autoridades comunales.»
Maria Luisa Acosta

Esta Ley establece como encargada de la titulación de territorios indígenas a la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI), en la que tienen participación los Consejos Regionales Autonómicos de la RAAS y de la RAAN, en turnos consecutivos de dos años de duración.

Define como autoridad máxima de las comunidades a la Asamblea Comunal que reúne a los miembros de la comunidad, para tomar decisiones sobre asuntos de interés comunitario, de conformidad con sus costumbres y, tradiciones. Cada comunidad define sus Autoridades Comunales Tradicionales, según sus costumbres y tradiciones, para que los represente y los gobierne, tales como Síndico, Wihta, Coordinador u otros, y éstos podrán otorgar autorizaciones para el aprovechamiento de las tierras comunales de los recursos naturales a favor de terceros, siempre cuando sean mandados expresamente para ello por la Asamblea Comunal (Art. 4, 6, 10).

Las autoridades intercomunales, o Autoridades Territoriales, serán electas en Asamblea de Autoridades Comunales de una unidad territorial (Art. 5). Todos los procesos eleccionarios se realizarán según períodos y procedimientos que estén de acuerdo a las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas y afrodescendientes (Art. 6).

El Estado reconoce la personalidad jurídica de las Comunidades indígenas y étnicas sin más tramite, asi como su derecho constitucional a tener sus propias formas de gobierno interno (Art. 23).