Panamá es pionero en América Latina en el reconocimiento del derecho territorial indígena. Este proceso se remonta a 1870, cuando este país era aún un departamento perteneciente a Colombia. En ese entonces, el territorio Kuna Yala fue reconocido como Comarca Indígena Colombiana. En 1903 Panamá se separa de Colombia, y el territorio Kuna queda dividido por las fronteras nacionales.

La primera Constitución de 1904 reconocía los derechos de propiedad colectiva de las poblaciones indígenas, aunque otorgaba el control de las mismas a misiones cristianas y otros patrones no indígenas. Por aquel entonces, el gobierno de Panamá desconoció la comarca Kuna de Panamá; hecho que sumado a las concesiones bananeras, las empresas extractivas de caucho y minerales, la prohibición de sus costumbres por ley, y los abusos de autoridades, motivó el levantamiento en armas de los Kuna, conocido como revolución de 1925.

Foto: Bandera Kuna utilizada en la Revolución de 1925.

Posterior a ello, se firmó un Tratado de Paz por el cual los Kuna obtienen su propio territorio demarcado, que en 1930 se convierte en Reserva Kuna; y otorgan al Gobierno el desarrollo de escuelas oficiales en las islas Kuna. Luego de una década, en 1938, se crea la Comarca San Blas, la cual en 1957 se declara Reserva Indígena; y finalmente en 1998 cambia su denominación a Comarca de Kuna Yala. De ese modo, los Kuna lograron controlar un territorio extenso y contiguo con un gobierno autónomo.

En 1953, se produce el hito histórico de reconocimiento del pueblo Kuna como sujeto colectivo con derecho a la propiedad de su territorio. La Ley Nº 16 promulga la organización política de la Comarca Kuna Yala, en base a sus formas tradicionales de organización social, incluyendo su propia jurisdicción. Ese mismo año se crea la segunda Comarca Indígena: Emberá-Wounaan. En los años 1996 y 1997 se titulan las Comarcas Madugandí y Ngöbe-Buglé, y finalmente, en el año 2000 se titula la Comarca Wargandí.

A partir de entonces, el Estado estableció la política de no crear más comarcas. Pero varios pueblos no cuentan con territorios titulados y lo siguen demandando: los pueblos Naso Tjerdi, Bri Bri, fracciones de los Emberá y Wounaan (en el Darién, Alto Bayano y Chimán) y los Kuna de Dakarkunyala.

Las leyes vigentes reconocen el derecho al territorio y la gobernanza de los pueblos indígenas, y fijan que las tierras colectivas en las comarcas son inembargables e imprescriptibles. Sin embargo, el Estado Panameño se reserva el derecho a intervenir o expropiar áreas de “prioridad nacional”, y conceder permisos para exploraciones y explotaciones mineras, hídricas y forestales, que se realizan sin procesos de consulta ni consentimiento por parte de los indígenas; y constituyen actualmente amenazas a sus territorios y sus formas de vida (Ej. proyecto hidroeléctrico Chan 75).

Recientemente, en el año 2008, fue aprobada la Ley 72 de adjudicación de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas que no están dentro de Comarcas. Esta ley permite la titulación de Tierras Colectivas y el cambio de gobierno según proceso de elecciones; aunque hasta la fecha no se han implementado estas titulaciones.