Introducción
La titulación de los territorios crea un nuevo escenario para los Pueblos Indígenas: gobernar y administrar estos territorios se ha convertido en un enorme reto para estos Pueblos, en la medida en que son por lo general, áreas extensas, a veces de 50 mil, 100 mil y a veces incluso mucho mayores (como el caso de Monte Verde en Bolivia, que tiene casi un millón de hectáreas o el Gran Resguardo del Vaupés o el Predio Putumayo, en Colombia, que tienen 4 y 6 millones respectivamente).
Un reto que es aún mayor si sabemos que son territorios de una gran riqueza, por los minerales e hidrocarburos que encierran bajo el suelo, y por la madera y la rica diversidad biológica de sus bosques.
Ante tantos intereses económicos sobre los recursos del territorio, una de las mejores estrategias de defensa debe ser su ocupación física y económica. Esta debe ser una decisión pro-activa de las organizaciones indígenas, una dimensión de la gestión indígena del territorio, teniendo como horizonte los sueños y necesidades de los propios pueblos, pero también el hecho de saber de dónde venimos, quiénes somos y quiénes queremos ser.
Las comunidades indígenas y el vínculo con el mercado
Aunque la mayoría de las comunidades indígenas ha vivido de la caza, la pesca y la recolección, con sus pequeñas chacras y acaso algunos animales, la necesidad de contar con dinero, aunque sólo sea para comprar los cuadernos y lápices de sus hijos, las pilas para sus radios, el pasaje en bus a la ciudad o azúcar, aceite y otros comestibles, hace que tengan que vender parte de sus productos, salir a trabajar por un jornal, o conseguir plata de algún lado.
Ese vínculo con el mercado va creciendo día a día. Y aunque seguramente trae varios beneficios, también podemos observar el impacto que va teniendo en las comunidades: algunas familias dejan de hacer chacra, o de ir al monte a cazar; las diferencias económicas entre familias son cada vez mayores y afectan la organización; las costumbres y saberes se van perdiendo, a veces rápidamente. Algunos culpan a los medios de comunicación y al sistema educativo, que si bien son importantes por muchas razones, también van creando en las comunidades nuevas necesidades que sólo el dinero parece poder resolver. No por nada, algunos jóvenes migran a la ciudad, pensando que allí van a poder tener una vida mejor, sólo para darse cuenta al cabo de algunos meses o años que en su comunidad vivían mejor.
La titulación de los territorios, entonces, y la creciente amenaza por parte de colonos y empresas de todo tipo, obliga a las organizaciones a pensar que una de las estrategias de defensa del territorio debe ser la ocupación del territorio. La ocupación física, pero también la “ocupación económica” del territorio, o en otras palabras contar con un proyecto económico propio para el Territorio, sin perder de vista los principios del Buen Vivir o Sumac Kausay.
El proyecto económico para el territorio
La mayoría de las organizaciones son conscientes de que lo primero es fortalecer la economía familiar y la seguridad alimentaria, lo que significa una economía de la diversidad, para recién después pensar en el mercado. Dicho esto surgen las siguientes preguntas:
¿Cuán articulado al mercado debe ser ese Proyecto Económico Territorial, sabiendo que tenemos una importante riqueza en biodiversidad, en recursos naturales, y que si no los aprovechamos nosotros, otros lo harán en beneficio propio?
¿Podemos controlar la forma en que nos articulamos al mercado?
¿Podemos hacerlo en forma ordenada, pausada, lenta, reflexionando cada paso que vamos a dar o irremediablemente el mercado nos irá invadiendo, debilitando nuestras organizaciones?
¿En qué condiciones conviene vincularse al mercado, cuál es la mejor forma de hacerlo?
¿Cómo lograr que el mercado no afecte la economía de autoconsumo familiar y comunal?.
Tanto para valorar proyectos que surgen de las propias comunidades, como proyectos que vienen desde afuera, será muy importante tener en cuenta algunos criterios…
Algunos criterios que podemos tomar en cuenta para valorar los proyectos
- Si contribuyen al ejercicio de los derechos colectivos.
- Si contribuye a asegurar la integridad del territorio.
- Si el Proyecto Económico Territorial contribuye o no a consolidar los procesos de gobernanza y de gobernanza autonómica
- En qué medida se toman en cuenta las formas tradicionales, consuetudinarias de organización social y de convivencia con la naturaleza.
- Si contribuye a mejorar las condiciones materiales de vida (salud, educación, agua, saneamiento, energía eléctrica, etc.)
- Si contribuye a la equidad social, económica, y a la equidad de género.
